Inquietudes Bárbaras, por Luis García Montero

Nos quejamos de la lentitud de la justicia, pero a veces adelanta que es una barbaridad. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, se ha precipitado a firmar la carta de bienvenida al Papa. Con su visita de noviembre, espera que Benedicto XVI solucione la crisis económica y moral de España. La Vicepresidenta Fernández de la Vega afirma que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña es una derrota del PP. Todo el proceso, sin embargo, parece un exponente de la situación peculiar de nuestra justicia. Más que por el concepto de nación o por el idioma, sospecho que la salsa está en una disputa entre jueces por el poder judicial catalán. Sospecho también que en Cataluña, más que lo negado, duele  que se declare irrelevante mucho de lo aprobado. Quizá la culpa sea de unos políticos que piden a los jueces lo que deberían hacer ellos: una definición clara y constitucional de la naturaleza federal de España. Pero ese parece imposible, y nadie sabe por qué.


El lenguaje no es neutro y las frases de la política se meditan bien. Cuando nos dicen que el Gobierno debe hacer los deberes para aprobar el examen de Europa, nos sugieren varias cosas a la vez. Primero: que el gobierno es un niño sin otro poder que el de aprenderse la lección. Dos: que las exigencias de los bancos son una verdad científica. Tres: que aunque no guste, se debe estudiar. Y cuatro: que formamos todos una gran familia con derecho a buenas vacaciones y sin asignaturas pendientes. Hay quien piensa, sin embargo, que el Gobierno de los políticos debería tener más autoridad. Que las exigencias de los bancos y los mercados no son leyes científicas, sino intereses particulares y avarientos. Que el compromiso no debe hacerse con la riqueza del mundo, sino con la pobreza. Y que no conviene irse de vacaciones familiares con Ángela Merkel y Díaz Ferrán. Por eso es justo que al gobierno le quede la asignatura de su reforma para septiembre. Estamos suspensos.